Oramas: presenta una PNL para que condenados no se lucren en televisión

La diputada de Coalición Canaria y Nueva Canarias (CC-NC), Ana Oramas, ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) en la que insta al Gobierno central a cometer las reformas legislativas pertinentes para impedir que los condenados y sus familiares puedan "lucrarse" por relatar sus testimonios en los programas de televisión.

Oramas pide que la Adminsitración central inicie los cambios normativos precisos, bien por modificación de la Ley de Televisión Privada y la Ley de la Radio y la Televisión de Titularidad Estatal, o por su desarrollo reglamentario, para ilegalizar cualquier tipo de pago o prestación desde los medios de comunicación concesionarios del servicio público de radiotelevisión a las personas que, tras ser condenadas por la justicia, tengan pendientes las restituciones, indemnizaciones o multas económicas que les fueron impuestas. Una prohibición que alcanzaría también a los familiares o allegados de los afectados, precisa en un comunicado.

En la misma iniciativa, plantea también que se "estudie la posibilidad" de que la prohibición de remuneraciones se extienda a las personas imputadas o condenadas por cometer delitos sin penalización económica pendiente, que "podrían ejercer su derecho a la libre expresión en los medios, pero sin recibir remuneración de ningún tipo por declaraciones referidas a los delitos probados o presuntos con los que se les ha relacionado", indica.

Asimismo, denuncia que "la controversia que siempre han generado los pagos realizados por las cadenas de televisión a delincuentes convictos o a sus familiares se ha multiplicado en las últimas fechas con la aparición de nuevos personajes". Algo que, según advierte, ha contribuido subrayar "la perversión de valores que supone que, por ejemplo, un crimen genere beneficios a su autor o a sus familiares por ir a una televisión a hablar de ello".

La diputada nacionalista enumera en la iniciativa algunos de los casos que más polémica han suscitado en los medios de comunicación y afirma que "todos ellos supusieron la reiteración de unas prácticas que, paradójicamente, premian con sustanciosos emolumentos a delincuentes condenados por contar directamente en televisión sus particulares versiones sobre los delitos que cometieron". Sin embargo, no consta que "hayan restituido a las arcas públicas las cantidades robadas o las multas e indemnizaciones impuestas", apostilla.